En la última década, Chile ha dado pasos significativos hacia un modelo de desarrollo que reconoce en la ciencia, la tecnología y la innovación un motor esencial de competitividad.

En este proceso, la Ley N° 20.241 ha desempeñado un rol protagónico al otorgar incentivos tributarios a la inversión privada en investigación y desarrollo (I+D). Esta herramienta, que se ha consolidado como una de las políticas públicas más efectivas en la materia, ha sido recientemente extendida hasta el 31 de diciembre de 2035, asegurando la continuidad de un beneficio que ha probado su eficacia.

La norma permite que las empresas deduzcan hasta un 52,55% de sus inversiones en I+D y reduzcan de sus impuestos hasta el 35% de éstos, con un tope de 15.000 UF al año; esto significa que anualmente pueden directamente reducir un poco más de $600 millones de pesos (US$610.000 dólares) al año de sus impuestos y que el resto sea considerado gasto.

Así, quienes se atreven a invertir en nuevos desarrollos tecnológicos, procesos productivos o servicios de base científica disminuyan significativamente su carga tributaria.

Resultados concretos

Desde la entrada en vigor de la Ley, el crecimiento en la utilización del beneficio ha sido sostenido. En 2012, el monto total acogido era de apenas $5.433 millones de pesos chilenos (US$5.600 dólares); para que en 2023 superara los $313.000 millones (US$325.350).

Dicho salto no es menor: refleja que las empresas en Chile, sí apuestan por la innovación cuando cuentan con un marco jurídico y tributario claro.

Más allá de las cifras, la Ley I+D ha generado un cambio cultural en la forma en que el sector privado se relaciona con la investigación. Proyectos que antes quedaban restringidos al ámbito académico hoy encuentran vías de colaboración con empresas que financian, validan y llevan esas innovaciones al mercado. Así, la norma ha contribuido a tender puentes entre universidades, centros tecnológicos, startups y corporaciones consolidadas, creando un ecosistema más articulado.

La importancia de la extensión hasta 2035

La innovación es un proceso de largo aliento. Desarrollar un nuevo fármaco, validar un dispositivo médico, implementar un sistema de inteligencia artificial o avanzar en energías limpias puede tomar años, incluso décadas. En este contexto, la extensión de la Ley de I+D hasta 2035 es una decisión estratégica que entrega a las empresas la certeza regulatoria necesaria para planificar proyectos a largo plazo.

Un motor para el crecimiento sustentable basado en el conocimiento

Desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual (PI), la prórroga de la Ley I+D es especialmente relevante. Cada proyecto de investigación genera resultados que constituyen activos intangibles que pueden transformarse en patentes, modelos de utilidad, software, diseños industriales o secretos empresariales.

La experiencia internacional demuestra que los países que invierten sostenidamente en I+D también son aquellos que más solicitan patentes y que lideran en licencias y transferencia tecnológica.

En este sentido, la extensión de la Ley hasta 2035 se traduce en una oportunidad para que Chile aumente su producción de derechos de PI, consolide portafolios intangibles y fortalezca su competitividad global.

Impacto sistémico: más allá de lo tributario

La extensión de la Ley I+D no solo favorece a las empresas que acceden al beneficio. Su impacto es transversal:

• Académico: las universidades encuentran incentivos para vincularse con la industria y generar proyectos conjuntos.
• Público: el Estado logra orientar recursos privados hacia áreas de interés nacional, multiplicando el alcance de sus políticas.
• Social: los resultados de I+D aplicados en salud, medio ambiente, educación o transporte se traducen en beneficios concretos para la ciudadanía.
• Internacional: Chile envía una señal clara a inversionistas extranjeros de que apuesta por un marco previsible y competitivo para el desarrollo tecnológico.

La extensión de la Ley I+D hasta 2035 es mucho más que un ajuste tributario: es un paso decisivo para consolidar un modelo de desarrollo basado en la ciencia y la innovación.

Aporta estabilidad, reduce la incertidumbre y refuerza la confianza de todos los actores del ecosistema para invertir en proyectos de alto valor agregado.

En ClarkeModet Chile, entendemos que este marco normativo no solo facilita la inversión, sino que obliga a las empresas a ordenar su estrategia jurídica y de Propiedad Intelectual. La innovación requiere planificación, contratos claros, portafolios intangibles bien gestionados y una visión integral que asegure que cada inversión en investigación se traduzca en un activo protegido y transferible.

Porque invertir en investigación y desarrollo no es una opción para el futuro: con la Ley I+D vigente hasta 2035, es una decisión estratégica del presente.